El Canciller y el Parlamento Andino
Varias críticas fueron hechas al Parlamento Andino, en estos años. Algunas fuera de contexto para un organismo legislativo supranacional y con su ordenamiento jurídico propio que aún los acusadores desconocen. Es cierto, no tenemos carácter vinculante en nuestras decisiones. Pero, en la hora presente ¿lo hubieran permitido los gobiernos de un continente donde la integración la entienden los gobernantes a través de discursos declamatorios sin un sustento o programas de apoyo firme y coherente?
El Parlamento Andino es el órgano deliberante del Sistema Andino de Integración y por ende, el Poder Legislativo a nivel supranacional, de conformidad con las normas que lo rigen, vale decir: el Acuerdo de Cartagena (Art. 42º), el Tratado Constitutivo del Parlamento Andino (Art. 1º), el Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo del Parlamento Andino sobre Elecciones Directas y Universales de sus Representantes y el Reglamento General del Parlamento Andino.
No obstante, la primera elección directa en el Perú fue en abril de 2006. En julio, juramentaron los 5 Parlamentarios Andinos peruanos en el Congreso de la República. Se nos incluyó como pares en el Reglamento del Congreso de la República (Capítulo VII) de los congresistas nacionales y de los ministros de Estado y para el ejercicio de nuestras funciones con inmunidad parlamentaria además del Perú, en Bolivia, Colombia y Ecuador.
Pues bien, nuestro debut fue degradante. A nosotros se nos pagaba nuestros sueldos, iguales que los congresistas nacionales aunque sin “gastos operativos” ni “gastos de representación” ni seguros de salud ni de viajes y con un sueldo reducido a la mitad por orden del Poder Ejecutivo, por razones de “austeridad”, a pesar que se encontraba presupuestado, en el 2006.
Lo degradante fue entre julio y diciembre de 2006. Habiendo disponibilidad de fondos en el Presupuesto 2006, se nos negó partidas para los gastos presupuestados para el funcionamiento de la Representación Parlamentaria Nacional ante el Parlamento Andino. Vale decir, no contábamos con oficinas, no había con qué pagar el sueldo de los empleados, ni siquiera tener teléfono, etc. En consecuencia, fuimos electos por el pueblo, pero para el gobierno aprista de Alan García, éramos 5 Parlamentarios Andinos mendicantes, para sorpresa y disgusto de los otros colegas andinos de Bolivia, Colombia y Ecuador. Duración del maltrato: 5 meses y 13 días.
La vuelta a la “normalidad” fue desde el 1º de enero de 2007, pero en lugar de incluir nuestro presupuesto en el Congreso de la República o tenerlo autónomo, lo encaminaron para que el Ministerio de Relaciones Exteriores lo administre. El Canciller José Antonio García Belaúnde aceptó esta irregular decisión de la presidenta de entonces, Dra. Mercedes Cabanillas.
Aparte de caprichos, no he encontrado fundamentos jurídicos para tal desatino anti-integracionista. La “integración” del líder Haya de la Torre , desde 1924 (Programa Máximo) fue puesta de lado. Ninguno de los presidentes del Congreso (todos apristas) quisieron variar la “decisión Cabanillas” y ésta sí llegó a ser vinculante para que prosigamos en la Cancillería. Un ministerio (Poder Ejecutivo) no es el hábitat para incluir a un organismo supranacional con funciones de Poder Legislativo, como es el Parlamento Andino. El Canciller no debió permitir administrar un presupuesto de otro poder (Poder Legislativo) al Parlamento Andino y consignar su presupuesto como apéndice de su presupuesto ministerial. Debió encaminarlo a su lugar de origen: el Congreso de la República o establecer un presupuesto autónomo. Sin embargo, no fue así.
Esta situación generó un híbrido jurídico (en el sentido de mal definido), difícil de llevar y que contribuyó a deficiencias administrativas, a lo que se añade que los que han dirigido la institución fueron apristas y hubo un cierto temor al poder de turno de parte de los empleados de la Cancillería. La aplicación de nuestra legislación supranacional y nacional no quería ser entendida por los funcionarios y empleados del Ministerio, en varios casos, que todavía esperan de una solución. La directiva ministerial favorecía a aquellos que ocupaban los cargos de Vicepresidente o Presidente. En todo caso, debe haber autonomía presupuestal para el Parlamento Andino y lo será con el próximo gobierno.
En estos últimos meses, he presentado 3 cartas al canciller José Antonio García Belaúnde, para solicitarle que establezca medidas correctivas, puesto que hay indicios razonables de irregularidades en la ejecución del presupuesto, tanto del actual presidente del Parlamento Andino Wilbert Bendezú, como de los funcionarios Manuel Cox Ganoza y Javier Izaguirre Silva.
Valdría la pena que el congresista Víctor Andrés García Belaunde, eterno criticón del Parlamento Andino, le diga a su hermano, el canciller, que resuelva los pedidos de investigación sobre las irregularidades señaladas por mi despacho. El Canciller no tiene prisa en hacerlo, pero hay recordarle que él es el titular del Pliego y al embajador Néstor Popolizio, Viceministro, el subtitular del mismo. En consecuencia, son los responsables ante la ley.
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